El proyecto también contempla la creación de juzgados especiales para la drogadicción en cada una de las provincias españolas.

El presidente del Partido Popular aseguró que la iniciativa es una alternativa rigurosa y eficaz al problema de la droga en España y al tratamiento "chapucero" que realiza sobre el mismo la "ley Corcuera".

El proyecto, que consta de catorce artículos, está basado en el derecho comparado europeo más reciente, especialmente en la ley italiana de 1990,proporciona, según informaron fuentes del PP, "un tratamiento integral a la drogodependencia, con un sistema progresivo que va desde la sanción administrativa a las medidas judiciales y siempre acompañado con un proceso de rehabilitación y reinserción del drogodependiente".

La norma estipula que la tenencia de estupefacientes implica una intervención administrativa que consistiría en la privación del permiso de conducir, del pasaporte o de la licencia de armas.

La reincidencia pondría en marcha l segundo grado, que comprende medidas, que serían adoptadas por el juez, dirigidas específicamente contra las conductas habituales del drogodependiente.

Entre las mismas, destacan las de obligar al adicto a presentarse ante la autoridad que se señale dos veces o más a la semana, prohibirle ausentarse del municipio de residencia, imponerle un horario límite de entrada y salida de su domicilio, no permitirle acudir a determinados locales y obligarle a prestar una actividad no retribuida a favor de la clectividad durante, al menos, una jornada laboral a la semana.

El tercer grado sanciona como delito tanto el consumo público de drogas como el incumplimiento de las medidas adoptadas en los anteriores grados.

Asimismo, tipifica como falta el abandono de jeringuillas u otros instrumentos utilizados para el consumo de drogas en vías o establecimientos públicos.

Pero la ley impone la penalización más dura a los propietarios o responsables de los locales o establecimientos públicos que toleren e consumo, y agrava las penas cuando se trata de menores.