Con esta iniciativa, los populares pretenden dar respuesta al mandato del artículo 34 de la Constitución, que reconoce este derecho, y cuya falta de desarrollo el PP considera "uno de los vacíos más injustificados" en la ampliación legislativa e la norma fundamental española.

La proposición del PP prevé como requisitos previos para constituir una fundación, que sus promotores demuestren la licitud y el carácter general de sus fines, y rindan sus cuentas financieras al Estado en el único supuesto de que pretendan acceder a beneficios fiscales.

El Partido Popular defiende también la creación de un protectorado, encargado de vigilar el cumplimiento de la voluntad del fundador una vez desaparecido éste y responsable del registro de fundacines. Este organismo deberá estar bajo competencia del Ministerio de Justicia.

En el capítulo fiscal, el PP aboga por que las fundaciones estén exentas de pagar el impuesto de sociedades y de tributar el impuesto de bienes inmobiliarios en el caso de aquellos inmuebles en los que la fundación desarrolle sus actividades.

Asimismo, se propone en la proposición de ley que las cantidades donadas a fundaciones puedan beneficiarse de las deducciones fiscales correspondientes.

Cortés confió en que e resto de fuerzas parlamentarias respalden esta iniciativa, ya que se trata, aseguró, de una propuesta "abierta" que "sólo busca llenar el vacío preocupante" que existe en la actualidad.