A su juicio, "este ataque es la más clara evidencia del daño que la política de sumisión ante el nacionalismo radical ha provocado, alentando las expectativas de los que no creen en la España democrática, y tratando de arrinconar al adversario político con el único fin de perpetuarse en el poder, impidiendo a una representante de la ciudadanía, elegida democráticamente en las urnas, ejercer su derecho inalienable a la libertad de expresión, con respeto a las reglas de la convivencia civilizada".

La iniciativa condena "tajantemente estos hechos, que suponen la imposición de la intolerancia y la sinrazón de quienes hacen uso de la violencia, la presión y el insulto, para imponer sus ideas a los demás".

El texto además solicita a la Comunidad de Madrid que se dirija al Gobierno central, para que "interese del Fiscal General del Estado, según establece el artículo 8 de la Ley Reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la promoción ante los Tribunales de las actuaciones pertinentes en aras de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, gravemente conculcados en la persona de María San Gil, uno de sus escoltas y dos policías".

Señala que "en los enfrentamientos entre los exaltados y los escoltas de la dirigente popular, uno de éstos resultó herido en una mano y dos policías sufrieron diversas contusiones" y que "los violentos intentaron agredir a San Gil, tanto a la entrada como a la salida de la Universidad, arremetiendo contra ella con gritos a favor de Jarrai y Segi, organizaciones juveniles del entramado etarra, y pidiendo la ilegalización del PP".

Aseguró que "estos hechos son un capítulo más en la política de hostigamiento a los miembros del PP, consecuencia de las alianzas que ha llevado a cabo el Gobierno central con los independentistas más radicales, que hoy se sienten fortalecidos, cómodos y legitimados para ejercer su presión sobre los demócratas".