Asimismo, se pide la reversión social de los 380 millones de euros en plusvalías obtenidos por el Ministerio de Defensa con la denominada "operación Campamento" y que se firmen acuerdos entre las administraciones "para evitar beneficios" de este tipo que no contribuyan a abaratar el suelo o su urbanización.

En la exposición de motivos de esta iniciativa, los populares argumentan que, "a lo largo del primer año de legislatura, el Gobierno ha evidenciado una alarmante falta de previsión y de coherencia en una materia de tanta trascendencia social como es la política de vivienda".

Para justificar esta afirmación, ponen como ejemplo los "continuos cambios de criterio", y de denominación, en relación con los compromisos electorales, así como las "serias divergencias" en el Gobierno sobre diversas medidas anunciadas por Trujillo, que han producido "inseguridad e incertidumbre" en los ciudadanos y en el sector de la construcción.

Por otra parte, el texto plantea la necesidad de impulsar el mercado del alquiler, dotando de seguridad jurídica a la relación entre propietario e inquilino mediante la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos flexibilizando la duración del contrato de arrendamiento, así como mediante la adopción de medidas que permitan los juicios rápidos civiles para los procedimientos judiciales en materia de deshaucio.