Aznar, acompañado por Luis Ramallo y otros cuatro diputados autores de las propuestas, las definió como un esfuerzo por volver al "principio de legalidad" que imperaba en la gestión del Estado y las empresas públicas antes de que los sucesivos gobiernos socialistas recortasen año a año los controles del gasto.

El primer proyecto de ley hace referencia a ese hecho, en su exposición de motivos, cuando señala que "la normativa general en materia presupuestaria desde 1984 ha sufrid cada año por ley de presupuestos una contínua y gradual modificación, que ha terminado por desnaturalizar los instrumentos de control en el uso de los fondos públicos".

Por ello, propone que el Parlamento establezca un límite para que el Gobierno no pueda eliminar controles de gasto público cada año, coincidiendo con la elaboración del presupuesto general del Estado.

Otros dos proyectos de ley fijan tres tipos de compra-venta en los contratos y Patrimonio del Estado: subasta, concurso y adjudicaión directa. La primera supone la adjudicación a aquella oferta "económicamente más ventajosa"; la segunda es similar, pero no sólo se atenderán a criterios económicos, sino que se establecería un sistema de puntos en el que el factor gasto sería una más.

Por último, la adjudicación directa, tal y como la concibe el PP, requeriría "que el órgano contratante haya comunicado su voluntad de realizar el contrato y sus características a la organización más representativas de empresarios del sector".

Aemás, el órgano contratante podrá, en el caso de la subasta, establecer criterios de preselección de los candidatos, las ofertas de cada uno serán secretas hasta el momento en que se efectúe el acto de licitación pública y podrán ser rechazadas "cuando la baja (precio) sea temeraria y haga peligrar el buen fin del contrato".

El criterio del PP es que la modalidad de adjudicación directa sea aplicada con carácter excepcional, sólo para contratos de cuantía inferior a 50 millones y si concurren dos circnstancias: que no es posible promover un concurso por razones "técnicas o excepcionales" y que es "de reconocida urgencia".

PRIVATIZACION POR LEY

Otra proyecto de ley hace referencia a la necesidad de que las empresas públicas sólo puedan ser vendidas al sector privado mediante una ley aprobada por las Cortes generales y sólo podrán ser adjudicadas directamente por el Gobierno "cuando se acredite que la continuidad de la empresa o su desarrollo futuro exigen que su titularidad se transmita a propietrios determinados".

"La privatización o enajenación", añade, "se realizará con carácter general mediante subasta pública. Si se trata de participaciones accionarias en los mercados secundarios mediante oferta pública o en virtud de concurso público, estableciendose en todo caso una participación máxima para los nuevos accionistas".

El resto de los textos presentados hoy por el PP en el Congreso de los Diputados fijan la responsabilidad de los altos cargos en el control del gasto público, la necesdad de que se creen comisiones investigación en el Parlamento a propuesta de tan solo un 25 por ciento de los diputados, la fórmula de elección del presidente del Tribunal de Cuentas y el funcionamiento de esta institución, y la fiscalización previa del gasto público.

Precisamente, Aznar comentó irónicamente las palabras pronunciadas ayer por el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, cuando descalificó las propuestas del PP de volver al control previo del gasto.

Serra advirtió que eso sería "r al colapso" en la Administración pública y achacó la inciiativa a que el PP está en la oposición y por eso actúa de forma "irresponsable".

SERRA, UN INUTIL

"Uno tiene la sensación", respondió esta mañana Aznar, "que Felipe González sustituyó la demagogia (Guerra) por la inutilidad en la vicepresidencia del Gobierno. Lo cual, si no era muy recomendable antes, tampoco es acertado ahora".

En su opinión, "cuesta bastante entender cómo se pueden descalificar unas propuestas que ni siquiera se conoen", en alusión a que las presentaron esta mañana.

"Nadie conoce muy bien qué es lo que piensa y qué es lo que ha hecho el señor Serra nunca. Ahora tampoco, pero no parece demasiado correcto salvo que se quiera entrar en la descalificación (...)".

El presidente del PP, que se mostró "sorprendido" de que lo que para el Gobierno no era un problema del país hasta hace un mes, ahora sí lo sea, afirmó que es "preocupante" que el Ejecutivo intente "blindarse" en la falta de control.

"Cuando uno quere que no haya controlesm, está legitimando la política del abuso y la impunidad, y eso es muy grave", concluyó.