Ese artículo sólo especifica que una ley posterior regulará las peculiaridades propias de los colegios y el funcionamiento de los mismos, "que deberá ser democrático".

Según el coordinador general parlamentario del Grupo Popular, Enrique Fernández Miranda, el proyecto socialista deja sin competencias a los colegios porque parte del principio de que estos y sus profesionales "son los responsables de la crisis económica; lo que no deja de ser un chiste".

En su opiión, la filosofía socialista conculca derechos constitucionales del sector porque se elimina la actual facultad de los colegios de sancionar prácticas abusivas o lesivas por parte de los profesionales, y los clientes sólo podrán reclamar responsabilidades delictivas ante los tribunales de justicia.

"Con esta forma de legislar, queda desamparado el uso abusivo de la profesión, porque hay muchos supuestos que no son delito. Por ejemplo, un caso extremo, pero que con la reforma se podría llegar a dar: elabogado que se anuncie diciendo `violador. Confíeme su caso que en diez días está en la calle'. Ahora, a ese profesional se le sancionaría. Después de la reforma, no", declaró a Servimedia.