Según fentes del partido, el PP considera que el proyecto introduce orientaciones y preceptos "que amenazan los principios de legalidad y seguridad jurídica".

Para el portavoz de Administraciones Públicas de esta formación, Manuel Núñez, resulta perjudicial, entre otras medidas, que el nuevo texto estime que la Adminitsración y el Gobierno son instituciones públicas constitucionalmente diferenciadas, lo que supone establecer una distinción entre los actos políticos del Ejecutivo y actos administrativos.

"Esto sería tanto como liberar al Gobierno de los límites, garantías y controles jurisdiccionales del Régimen Jurídico Administrativo, tan importantes y esenciales para el buen funcionamiento de un Estado de derecho", indicó.

Núñez entiende que los redactores del proyecto "presumen" de introducir como novedad el silencio positivo para la resolución más rápida de los actos administrativos, "aunque ni es una novedad ni contribuirá a acelerar los procesos, pues será un semillero de conflictos y un elemeno nocivo que aumentará hasta límites increíbles la inseguridad jurídica".

Precisó que su grupo parlamentario ha presentado las enmiendas al articulado con el ánimo de mejorar el texto y hacerlo "más útil y menos perjudicial" para los ciudadanos, "ya que el proyecto elaborado por los socialistas no contribuye en absoluto a la modernización de la Administración, ni la dota de mayores cotas de eficacia".