Iturmendi explicó que "este grave hecho pone de manifiesto la necesidad de extremar los controles y la inspección de los servicios residenciales, tal y como está establecido en los decretos 40 y 41 de 10 de marzo del año 98 del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social".

"Es por ello" añadió esta parlamentaria, "que desde el Grupo Popular hemos presentado una pregunta para conocer si dicha residencia había superado los preceptivos controles e inspecciones de los tres últimos años, con el fin de conocer la situación tanto del mismo centro residencial como de su entorno".

Iturmendi quiere saber en qué fechas se realizaron los controles y si en los mismos se había detectado algún tipo de irregularidad o deficiencia.