Segú los senadores del PP José María Bris Gallego y Rafael Hernando Fraile, la auditoria correspondiente a 1991 elaborada por la firma Coopers and Lybrand plantea 3 excepciones a las cuentas anuales de ese año, que es cuando el INI vendió el 90 por cien de las acciones.

Una de ellas se refiere a las posibles obligaciones que se deriven para el INI debido a que la fabrica de Pontesa se encuentra ubicada en una zona que debido a la Ley de Costas es de régimen concesional, así como a que los terrenos colindates que cogen a parte de la fábrica figuran a nombre de Alfarera de Pontasempayo S.A., sin que en su día se hubiera realizado la inscripción registral a nombre de GEA.

El PP ha interrogado al Ministerio de Industria de qué forma se produjo la venta, si existieron otros presuntos compradores, así como qué aportaciones de capital realizó el INI a GEA desde 1982 hasta la fecha de su venta.

Además, Bris y Hernando han preguntado "¿cómo es posible que todavía no se hubiera realizado el cambio de titulridad de los terrenos de la fábrica de Pontesa?"