La Comisión de Reglamento del Senado incorporó pequeñas modficaciones al texto, fruto de tres enmiendas transaccionales entre PSOE y PP. Además, el Grupo Socialista admitió una enmienda del PP relativa a las credenciales de los senadores designados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

Una de las transaccionales crea una nueva comisión con capacidad legislativa, la de Industria, Comercio y Turismo, y convierte a la de Obras Públicas, Medio Ambiente e Industria en Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones.

Las otrs dos enmiendas aprobadas explicitan que podrán presentarse mociones tras el debate anual del pleno del Senado sobre el Estado de las Autonomías.

El pleno de la Cámara Alta de los próximos 27 y 28 de abril debatirá esta reforma del Reglamento con dos grandes discrepancias entre el PP por un lado y PSOE, PNV, CiU y Mixto (IU y CDS, entre otros partidos) por otro.

La nueva Comisión General de las Comunidades Autónomas (CGCA) que se crea deberá estar compuesta por el mismo número de miembros que lasdemás comisiones (25), así como por todos los senadores designados por los parlamentos autonómicos, según el Grupo Popular, valiendo cada senador un voto.

A esto, los restantes grupos argumentan que el Senado podría no reflejar la composición mayoritaria de la Cámara al poder cambiar el color ideológico de los senadores elegidos por las asambleas autonómicas cuando se produzcan elecciones regionales.

Se trataría de que la CGCA sea un mecanismo de "conjunción del Estado autonómico", de "integració", y por eso defienden que esa comisión esté integrada por 50 senadores que representen proporcionalmente a los grupos, aunque puedan asistir con voz, pero sin voto, otros senadores designados por las asambleas autonómicas que no pertenezcan a la CGCA.

El segundo punto de discrepancia entre el PP y los demás grupos es el uso de lenguas cooficiales en alguna autonomía en el seno de la CGCA. Mientras la mayoría está de acuerdo en que en el previsto pleno anual cualquier senador emplee el idioma que quiea, el PP pretende que sólo lo puedan hacer los presidentes de las comunidades autónomas y los portavoces de los grupos, "y siempre previa traducción y entrega de la misma a los portavoces de los grupos parlamentarios". Para los restantes grupos, esto equivaldría a convertir el debate en una mera lectura.