Antes de acceder a la reunión, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, señaló que al mismo tiempo que se es solidario, el PP también tiene todo el derecho del mundo a reclamar por parte del Gobierno que se hagan las cosas bien.

“Lo que no puede ser la Ley de Extranjería es un paso más del Gobierno para sacarse de encima un problema y trasladarlo a las comunidades autónomas”, subrayó Rueda.

“Claro que tenemos que acoger migrantes, claro que tenemos que ser solidarios, pero eso empieza por una política migratoria del Gobierno y por unas condiciones para atender bien estas personas”, recalcó, y afirmo que no se sabe aún nada de la financiación necesaria, de la actuación que se va a hacer en frontera, ni de lo que se va a hacer en los países de origen.

Tampoco sabemos nada, dijo, “de la reacción que le provoca al Gobierno que su socio independentismo catalán haya dicho que no va a coger a migrantes y por lo tanto tenemos que hacer las comunidades autónomas especialmente las del PP las que arreglemos una vez más un problema al Gobierno”, apostilló Rueda.

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, acusó al Ejecutivo de llevar “un año sin hacer nada o muy poco” para afrontar el problema migratorio, y reclamó la convocatoria de una Conferencia de Presidentes “que hace más de dos años que no se convoca” para hablar de este asunto, entre otros.

“Desde el Gobierno de Castilla y León estamos siempre al lado de otros territorios de España”, indicó, pero agregó que “necesitamos la colaboración económica del Gobierno de España que no llega o lo que llega es insuficiente”.

En la misma línea, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, lamentó que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, haya dicho que no aceptará las propuestas del PP para la reforma de la Ley de Extranjería que, en opinión de Azcón, debería haberse tramitado como un proyecto de ley.

En concreto, Azcón subrayó que la principal propuesta del PP que debería haber aceptado es la que tiene que ver con la financiación ya que, sostuvo, “no puede ser que los menores en las comunidades autónomas vayan a cargo de las arcas autonómicas, y que el Estado no esté ayudando como debería a que esos menores tengan las condiciones de dignidad que cualquier persona requiere”.

El dirigente del PP en Castilla–La Mancha, Paco Núñez, enfatizó que el Partido Popular ha demostrado que “siempre tiene las manos abiertas para negociar cuestiones básicas para el Estado” pero consideró que la política de extranjería, ante un tema “gravísimo” como es la inmigración “tiene que ser atajada por el Gobierno de España”.

El PP “está siempre a disposición de negociar con el Gobierno de España”, reiteró, pero “con unas condiciones que hemos puesto”. Si el Ejecutivo “no quiere aceptar ni una sola de las posiciones del Partido Popular también tendrá que entender que no cuente con su apoyo”.

EL CASO DE BALEARES

Una de las dirigentes del PP más interesadas en la cuestión, la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Marga Prohens, señaló que a Baleares han llegado 2.100 personas en lo que llevamos de año y enfatizó que “tenemos los servicios, por ejemplo, de atención a los menores no acompañados al 650 por ciento”.

“Como comprenderán, en estas circunstancias no se puede atender en términos de dignidad a las personas que están llegando a nuestras costas”, denunció.

Asimismo, Prohens apuntó a que “la errática política internacional y la equivocada política internacional de Pedro Sánchez, del Gobierno de España en relación a Argelia ha hecho que las Islas Baleares sean una comunidad donde ya se ha consolidado una ruta migratoria propia”.

En su opinión, “lo que tiene que hacer el Gobierno de España es asumir como propio” un problema que es de su competencia y no trasladarlo a las comunidades autónomas.