En una interpelación dirigida al Ejecutivo comunitario, los eurodiputados españoles aseguran que, según la Asociación Nacional Linense de Pensionistas Trabajadores en Gibraltar (ALPEG), estos 9.000 pensionistas españoles no han visto revalorizadas sus prestaciones desde hace once años.

Los europarlamentarios no descartan la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Según los cálculos de ALPEG, las autoridades gibraltareñas deberían abonarles por los retraso unos 8.000 millones de pesetas.

El origen de este problema se remonta a 1986, cuando el Gobierno británico y las autoridades gibraltareñas acordaron la disolución del fondo de seguro social de la colonia, por problemas económicos, con efectos a partir del 1 de enero de 1994.

Dos años más tarde, el problema se resolvió, pero sólo para los pensionistas británicos, mientras que no se tuvo en cuenta el colectivo de antiguos trabajadores españoles.