Co su recurso, el PP pretende que sea el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha el que resuelva este caso, en contra de la decisión de la Sala Segunta de lo Contencioso Administrativo de este tribunal de desestimar el recurso de súplica contra el auto del pasado 2 de noviembre por el que se declaró incompetente para entender este sumario.

La polémica respecto a las cuentas de las Cortes autonómicas se desató a finales del mes de septiembre, cuando fueron conocidos los informes del interventr delegado sobre la contabilidad específica de los grupos parlamentarios, que evidenciaron la falta de justificación de 198 millones de pesetas por parte del PP entre los años 1988 y 1992.

La Mesa decidió entonces suspender el pago de subvenciones de la Cámara con cargo al presupuesto de 1993 hasta que los grupos devuelvan las cantidades injustificadas en los informes del interventor.

Ante esta medida, el Grupo Popular recurrió al Tribunal Superior de de Justicia de la comunidad autónoma por consderar que el informe del interventor sobre la contabilidad de los populares constituía una maniobra política.