La formación que lidera Mariano Rajoy remitió un escrito con esta solicitud al Tribunal de Cuentas después de que la Junta Electoral Central se haya declarado no competente para juzgar el gasto público que implica que Zapatero utilice un Falcon del Ejército para sus desplazamientos a actos de campaña del PSOE.

El PP advirtió de que "en el caso de que la contabilidad electoral (del PSOE) no hubiera incorporado los gastos aludidos, su coste habría sido soportado por la propia Administración General del Estado, en contra de lo señalado en el mencionado artículo 128 de la Ley Electoral" y ello implicaría "un uso indebido de los recursos públicos".

En su escrito ante el Tribunal de Cuentas, el PP recuerda que "son varias las disposiciones legales que directamente se refieren a la exigencia de su adecuada contabilización y financiación por los partidos, así como las responsabilidades que pudieran derivarse en caso contrario".

Asimismo, subraya que los partidos políticos están obligados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General a incluir en sus libros de gastos "los medios de transporte y gustos de desplazamientos de los candidatos, de los dirigentes de los partidos, asociaciones, federaciones o coaliciones, y del personal al servicio de la candidatura" que se produzcan durante una campaña.

El PP añade que "la prohibición de efectuar otras aportaciones provenientes de cualquier Administración o corporación pública", con lo que sugiere que el PSOE cometería un delito al aprovecharse de los medios del Gobierno.

Los populares subrayan que "el coste derivado de la utilización del avión militar deberá figurar en la contabilidad que el administrador del Partido Socialista habrá de rendir al Tribunal de Cuentas y que, según el principio básico de registro al que dicha contabilidad está sometida, deberá incluir todos los ingresos y gastos relacionados con la campaña electoral".

Además, advierten de que "en el supuesto de que dichos gastos no estuvieran incluidos en la contabilidad electoral presentada, junto a la falta de veracidad y representatividad de la misma, se estaría ante un manifiesto incumplimiento del principio de igualdad que ha de regir todo proceso electoral de conformidad con las normas más básicas del comportamiento democrático".

Por eso, pide al Tribunal de Cuentas que lo investigue y que, en caso de encontrar alguna irregularidad, aplique "las sanciones que en el ámbito de la fiscalización pudieran proponerse" y que pueden ser castigados "con la pena de prisión menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas".