La diputada Loyola de Palacio dio a conocer hoy el texto de esta propuesta, que prevé modificar los artículos correspondientes para castigar hasta con pena de prisión menor (seis mesesun día a seis años) a "la persona no autorizada (traficante) que reprodujere, revelare, divulgare o cediere sin el consentimiento de los afectados los datos personales registrados en ficheros automatizados, fuera de los casos permitidos por ley".

Según la parlamentaria conservadora, que los implicados en la red de tráfico de datos informáticos que operaban desde la empresa Publigés sólo puedan ser acusados de un delito de cohecho (pago y cobro de dinero a cambio de datos) pone de manifiesto una enorm laguna legal.

Una laguna legal que tiene su origen en el hecho de que 13 años después de aprobada la Constitución todavía no se ha regulado por ley el artículo 18.4 de la Carta Magna, que prevé la confidencialidad del perfil informático de los ciudadanos, y en la antigüedad del Código Penal, elaborado hace cien años.

Así, un ciudadano comete delito, dice el Código Penal en su artículo 497, si descubre secretos de otro apoderándose "de sus papeles o cartas". No ocurre nada, penalmente hablando, cando el particular descubre esos secretos en un ordenador.

"Procede, en consecuencia", dice el texto del PP en el capítulo `antecedentes', "que se realice una reforma parcial del Código Penal, para evitar el vacío legal actual que posibilita impunes ataques a un derecho fundamental de la persona (intimidad y confidencialidad de los datos) garantizado por la Constitución pero desamparado por la legislación ordinaria".

Los conservadores piden que se modifique la redacción del artículo 364 y que se ñada un nuevo párrafo al 365 del Código, resultando la siguiente redacción:

En el caso del 364: "El funcionario público que sustrajere, destruyere, ocultare, copiare documentos, papeles (redacción inicial) o información archivada por procedimientos informáticos (añadido) que le estuvieran confiados por razón de su cargo, será castigado (...) con pena de prisión mayor, siempre que del hecho resultare grave daño del tercero o de la causa pública (...) con pena de prisión menor cuando no fuere grave el dño de tercero o de la causa pública".

Y el párrafo añadido al 365, propuesto por el PP: "Con la misma pena será castigado el funcionario público que acceda sin estar autorizado a un archivo informatizado en que consten datos personales o, estando encargado de su custodia, permita que otros accedan al mismo en casos distintos de los autorizados por las leyes".

El principal partido de la oposición también pretende que se castigue a los funcionarios que impiden a los ciudadanos el conocimiento y recificación de los datos que están almacenados en los ordenadores públicos, y a los funcionarios que falsifiquen esos datos.

Por último, y respecto de los particulares no funcionarios, se propone un nuevo apartado al artículo 497:

"El que, sin estar autorizado para ello, acceda a un sistema informático, para tomar conocimiento de datos personales de otros, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 100.000 a 500.000 pesetas".

LEY EN MARCHA

La presentación de este proyecto de le de reforma del Código Penal coincide en el tiempo con la tramitación en el Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de Tratamiento Automatizado de Datos Personales (Lortad).

Uno de los capítulos de este texto que más polémica ha causado es la creación de la Agencia de Protección de Datos, con categoría de persona jurídica propia, que tendrá entre sus funciones la atención de las peticiones y reclamaciones de personas afectadas, la potestad de sancionar y el control de los datos almacenados por l Administración.

Loyola de Palacio volvió a criticar hoy que ésta agencia vaya a depender finalmente del Gobierno, si las Cortes aprueban la Lortad en sus actuales términos, y dijo que el Ejecutivo ha presentado este texto forzado por el acuerdo de seguridad de Schengen, firmado por varios países comunitarios. "Si no, a lo mejor todavía se habría tardado más", dijo.

En su opinión, que la agencia dependa del Gobierno no garantiza la confidencialidad de los datos que consagra la Constitución en el rtículo 18.4.