Éste fue el acuerdo al que llegaron esta mañana los consejeros de Educación de las comunidades autonómas gobernadas por el PP durante una reunión en Madrid con el vicesecretario general de política autonómica del partido, Javier Arenas.

Al finalizar el encuentro, el PP difundió un comunicado en el que asegura que "respeta y apoya tanto a los padres que hayan ejercido el derecho de la objeción de conciencia como a los que no", al tiempo que valora "positivamente el reconocimiento del mismo por parte de algunos Tribunales Superiores de Justicia".

En este sentido, los consejeros de educación del PP manifestan que es "imprescindible y urgente que haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo que unifique doctrina" y evite más interpretaciones ante la "pluralidad de sentencias" que existe en distintas comunidades.

Mientras tanto, el PP "defiende la no impartición de los contenidos contemplados en el Real Decreto a los alumnos que así lo manifiesten" y pide que con ello no se perjudique "el expediente de los alumnos".

Además, anuncia que piensa instar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a que retire esta asignatura "mientras no se consensúe un contenido estrictamente educativo basado en el conocimiento de nuestra Constitución".

El PP defiende "la libertad que asiste a los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos, garantizada en la Constitución española" a través de su artículo 27.3, el cual establece que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Finalmente, recuerda que su rechazo a la asignatura de Educación para la Ciudadanía está fundamentado en el "carácter doctrinario e ideológico" de los contenidos", con los que se pretende "conformar en los alumnos una conciencia moral concreta, la denominada conciencia moral cívica, atentando contra el derecho de los padres y dividiendo a la sociedad".