Según consta en una proposición presentada por el PP el pasado 12 de febrero en el Congreso, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, "muchos ciudadanos de países latinoamericanos están encontrando muchas trabas para la obtención de visados de entrada a España", una situación que "se extiende también a trabajadores de asociaciones y fundaciones que actúan como contrapartes de las ONGD españolas".

Cuando estos trabajadores son invitados por las ONG de Desarrollo españolas a cursos, seminarios y otras actividades de educación y sensibilización, explica el PP, encuentran "infinidad de dificultades administrativas y burocráticas" para obtener el visado, dado que es tramitado con "mucha lentitud" por los consulados y embajadas de España correspondientes.

El PP recuerda que la mayoría de estas personas viajan invitadas con los gastos de viaje, seguro, alojamiento y manutención ya cubiertos por las ONG anfitrionas.

Por eso, agrega el Grupo Parlamentario Popular, la denegación del visado implica un coste económico (dado que supone la pérdida de pasajes de avión ya pagados, seguros médicos, reservas de hoteles) y también de tiempo (pues muchos de los solicitantes se han visto obligados a realizar "largos y costosos viajes desde sus lugares de origen" a la embajada o consulado correspondiente para realizar el frustrado trámite burocrático).