El mecanismo propuesto por el PP es que se cree, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, una ponencia que estudie la situación de las casas y centros regionales y redacte en seis meses una serie de medidas jurídicas, económicas y de toda índole para lograr este objetivo.

El PP quiere también que el Gobierno colabore con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para potenciar la actividad de estos centros.

Los populares recuerdan que existen cerca de tres mil casas y centros regonales, con más de tres millones de miembros, en España y en el extranjero, y que constituyen una de las manifestaciones más sólidas, arraigadas y eficaces de asociacionismo civil, por lo que consideran que merecen la protección y el apoyo de los poderes públicos.