EL PP PIDE LA REPROBACION DE BONO COMO RESPONSABLE ULTIMO DEL TRATO DE FAVOR DADO A LA EMPRESA NEW TECHNO
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El Grupo Parlamentario Popularen las Cortes de Castilla la Mancha ha pedido la reprobación de José Bono como responsable último del trato de favor que, desde varias consejerías, se dio a la empresa New Techno S.A., a la hora de concederle subvenciones para que se instalara en la localidad toledana de Illescas, según se recoge en las conclusiones de los populares en la comisión parlamentaria que ha investigado el caso.
Los Populares afirman que New Techno recibió trato de favor por la mediación de José María Mohedano, entonces abogdo y ahora diputado del Partido Socialista. Para el PP, Mohedano "fue más allá de su trabajo como asesor jurídico" ante autoridades con capacidad de decisión, para tramitar un expediente que llevaba paralizado casi año y medio.
Por su parte, Izquierda Unida (IU) considera que la comisión parlamentaria ha puesto de manifiesto el mal funcionamiento de la Administración a la hora de tramitar expedientes de promoción industrial, en referencia a la actuación del director general de Vivienda, Alberto Pertus, que, según manifestó ante la comisión, desconocía la calificación de los terrenos sobre los que se instaló la empresa incumpliendo la legislación urbanística.
IU pide en sus conclusiones el cese de Alberto Pertusa y que la Cámara regional inste al Gobierno de la nación a adoptar medidas legislativas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en la tramitación de expedientes de incentivos regionales.
Mientras, el Partido Socialista concluye afirmando que, a su juicio, no e produjo trato de favor o tráfico de influencias entre la desaparecida Sociedad de Fomento Regional y la empresa New Techno.
Los populares piden la destitución de Alberto Pertusa y Antonio Sanz Aguado, actual consejero de Economía y Hacienda y entonces responsable de la consejería de Política Territorial, a la vez que solicitan a la Cámara que remita las actuaciones de la comisión a la Fiscalía, al considerar que podrían existir responsabilidades penales.
Una vez escuchadas las conclusiones de ls distintos grupos, la comisión parlamentaria deberá elaborar su dictamen, que podría presentar a pleno antes del mes de agosto.
(SERVIMEDIA)
21 Jul 1994
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