Los populares quieen que este código se aplique a cada operación de exportación de armas individualizadamente y se mantenga "la postura firme de no autorizar" ventas en el extranjero si no se atienen a esas normas.

Además desean que el Gobierno promueva en el ámbito de la Unión Europea la creación de un grupo de trabajo en el Consejo de la UE durante el primer semestre de 2002 para que estudie posibles iniciativas que mejoren la transparencia y control de la exportación de armas convencionales.

En concreto, la iniiativa parlamentaria pretende que se extremen los mecanismos de control sobre los agentes intermediarios, de manera que aparezcan en un registro, y que sus operaciones puedan ser estudiadas y controladas.

En esta misma línea, se podrían establecer controles sobre la producción bajo licencia y la posible extensión del Código de Conducta comunitario a todos los países de la OSCE.

Asimismo, piden que se someta a estudio la recompra y destrucción de armas en zonas concretas, el establecimiento de nueos tratados sobre el control de las armas ligeras y la regulación en el ámbito de la UE de los tránsitos aéreos, marítimos o terrestres de armamento.

Finalmente, propone la comparecencia anual del Gobierno ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para detallar las operaciones de comercio exterior de material de defensa y doble uso.