Recientemene, el Gobierno del PP ha puesto en marcha, a través de la Dirección General para la Objeción de Conciencia, un plan de choque que pretende dar respuesta al aumento de 40.000 objetores hasta finales de 1996.

Según el PP, este plan debe ir enfocado a que los objetores, dado que muchos de ellos demuestran una especial sensibilidad por todo lo que tiene que ver con la marginación, como los niños maltratados o marginados, presten servicios en este área.

A juicio del Grupo Parlamentario Popular, para slucionar los problemas de los menores es necesario realizar cambios de tipo legislativo, así como un amplio reordenamiento institucional, con mejoras efectivas en las formas de atención a la infancia y una mayor calidad en las políticas sociales básicas.

El Partido Popular considera que la institución más cercana para aplicar estas políticas sociales es el ayuntamiento, que en gran medida puede verse ayudado en dicha labor por los objetores de conciencia.