Según esta iniciativa, en el caso de las televisiones de titularidad pública deberían introducirse cambios en el Estatuto de l Radio y Televisión de 1980, en la Ley Reguladora del Tercer Canal, y en el caso de las privadas debería impulsarse el cumplimiento de un código ético.

Las propuestas del PP consisten en propiciar una clasificación de las películas y series en función de sus contenidos, que se avise antes de cada espacio la franja de edad para la que está recomendado y que no se emitan antes de las diez de la noche los que estén recomendados para mayores de 18 años.

Fernández Miranda ofreció datos de diversos estdios sociológicos españoles y extranjeros que demuestran que los niños están sometidos a un acoso de planteamientos que atentan contra la dignidad de las personas, que pueden perjudicar seriamente su desarrollo mental.

El 97 por ciento de los niños en edad escolar ven asiduamente la televisión y un 35 por ciento lo hacen sin ningún control de los padres. A través de la pequeña pantalla ven homicidios, secuestros, peleas, tiroteos, actitudes racistas y xenófobas que conducen a que se considere la violecia como una parte natural de la rutina cotidiana y la empleen en su propia vida.

Las recomendaciones del Consejo de Europa sobre protección al menor en los contenidos televisivos y la firma de un acuerdo de autorregulación entre los responsables de las cadenas públicas y privadas de televisión no han servido, a juicio del diputado, para arreglar nada.

Hizo especial hincapié en señalar que lo que su partido pretende es que exista una valoración que recomiende, en ningún caso que se prohiba ningúntipo de contenidos, ya que eso podría significar un atentado contra la libertad de expresión.

Por otra parte, señaló que además de evitar los programas perniciosos en el horario infantil, también hay que vigilar los anuncios que se realizan en esa franja de las películas que se emitirán más tarde, que pueden tener contenidos negativos.