La propuesta del PP se articula en una enmienda a la totalidad presentada a la proposición de ley del resto de grupos parlamentarios que pretende despenalizar la convocatoria de referendos ilegales.

En su enmienda, el PP defiende que el incumplimiento de las decisiones judiciales, toda vez que es plenamente previsible que el Tribunal Constitucional declarase ilegal la convocatoria del referéndum en el País Vasco, debe tener una regulación "más adecuada" que la que pretenden imponer el resto de grupos reformando la iniciativa aprobada por el PP a finales de 2003.

El PP pide que "la autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, europeas, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum (...) será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años" al de la anterior pena.

Pide, además, una pena de uno a tres años para quienes, sin realizar una convocatoria como las mencionadas, promueva o asegure el proceso de celebración de las mismas.

Esta reforma, anunciada en el Congreso por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, inició su trámite en la Cámara Baja hace más de dos meses. Desde entonces, el plazo de presentación de enmiendas, que concluyó ayer, se ha ampliado en cuatro ocasiones, lo que ha generado repetidas críticas por parte del PNV.

En todo caso, la proposición de ley que despenaliza la convocatoria de referendos ilegales como el que pretende realizar Ibarretxe tiene todos los visos de salir adelante, ya que sólo cuenta con el rechazo del PP.