José Luis Moreno, diputado conservador de la Asamblea de Madrid y portavoz de su grupo en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, explicó que su partido ha presentado una proposición de ley al respecto, "que sería un arma eficaz para evitar episodios como el relacionado con Atocha, que motiv la constitución de una investigaciónn en la Cámara".

El objetivo de la iniciativa del PP es "contar con la máxima información acerca de las empresas con las que contrata la CAM", según el parlamentario, quien consideró necesario proceder a un examen individualizado de cada contratista o empresa, de su aptitud o capacidad técnica para ejecutar obras de determinadas dimensiones y de su situación legal y económica.

La clasificación de este registro oficial de contratistas, que dependería de la Consjería de Hacienda y debería ser acordada por una comisión y una junta consultiva de contratación, sería un elemento imprescindible para todas aquellas empresas que quisieran ejecutar obras de una cuantía superior a los 10 millones de pesetas, según Moreno.

La propuesta del PP prevé, asimismo, medidas disciplinarias para aquellas sociedades que incumplan sus obligaciones tributarias o relacionadas con la Seguridad Social, o para las que hayan sido declaradas en quiebra o tengan sentencias en firme conta ellas por delitos contra la propiedad.