Tal y como había anunciado el presidente del PP, Mariano Rajoy, su partido pide en una resolución la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas y el rechazo frontal a cualquier diálogo con ETA y su entorno.

Dicen los populares que el Pacto Antiterrorista ha sido "determinante" en la lucha contra la violencia y que el compromiso de ambos partidos ha permitido, junto a la tarea policial y la cooperación internacional, debilitar "decisivamente" a ETA.

Señalan como fruto de ese acuerdo la Ley de Partidos, que permitió la ilegalización de Batasuna, y subrayan la acumulación de pruebas que, en su opinión, ligan a esta formación con el PCTV.

"Ante esta situación, la negativa del Gobierno a recurrir la candidatura del PCTV ha permitido que ETA vuelva a burlarse de la democracia cuando más debilitada se encontraba y ha frustrado el trabajo y esfuerzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Jueces, Fiscales y de las asociaciones de víctimas del terrorismo".

La actitud del Gobierno, añaden, "ha supuesto el incumplimiento flagrante de la Ley de Partidos Políticos y del Pacto Antiterrorista".

En la resolución reclaman que a través de la Abogacía General del Estado y de la Fiscalía General del Estado, se solicite de manera inmediata ante el Tribunal Supremo la ilegalización de este partido.

En la otra resolución, el PP asegura que nada aconseja modificar el Pacto Antiterrorista, "ya que no cabe ningún tipo de negociación con los terroristas sino únicamente su derrota con la Ley y el Estado de Derecho".

El PP defiende que se ha mantenido leal a ese pacto y ratifica por ello la vigencia "de todos y cada uno de los principios" contenidos en él.

Reclama al Gobierno firmeza en su cumplimiento y la aplicación de la ley penitenciaria vigente a los terroristas para que sean conscientes de que cumplirán las penas en su totalidad "y que su patrimonio quedará ligado ineludiblemente al resarcimiento de las víctimas".

El PP pide además la recuperación de la unidad de las víctimas del terrorismo y la continuidad del trabajo para que reciban reconocimiento moral y material y la atención de toda la sociedad española.