La articulación legal de este intento se realiza a través de la modificación del Real Decreto Legislativo 1091/19888, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

A través de sta vía, los populares roponen que "si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública en el plazo de un mes a partir del dia de la notificación de la resuloción judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés de demora... e indemnizarle por los prejuicios, incluso financieros, que le hubiera ocasionado".

La proposición de ley, que será defendida por el ex ministro Rafael Arias Salgado, "pretende devolver a los Presupuestos Generales del Estado la credibilidad que han perdido", enrelación a las diferencias entre los presupuestos programados y el presupuesto liquidado.

Así, los populares proponen que "los créditos autorizados en los programas de gastos" tengan "carácter limitativo y vinculante... En el pormenor del presupuesto de gastos no podrán figurar dotaciones para obligaciones imprevistas, no clasificiadas o con denominación ambigua".

Los populares también solicitan que no sea posible periodificar gastos, esto es, demorar la contabilización de gastos de un ejercicio ara otro.

Asimismo, pretenden que no sea posible transferir partidas de gastos de unas secciones a otras".

Por último, y para que el gasto no se desvie por la vía de las empresas públicas, se introduce la siguiente propuesta de artículo: "A los Presupuestos Generales del Estado de cada año se adjuntarán los presupuestos de explotación y capital de las sociedades estatales" y otros datos sobre estas empresas, que lleven a una contabilidad más rigurosa.