La propuesta del PP plantea que se adopte el acuerdo tomado por los ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea el pasado 22 de abril, sobre reconocimiento legal de la firma electrónica, por entender que "es una apuesta por el comercio electrónico en Internet".

Los "populares" se hacen eco de recientes estudios publicados or consultoras del mercado informático, en los que se indica que un 72% de las empresas españolas disponen de una página "web", pero sólo se ha recorrido el 32% del camino hacia la plena implantación del comercio electrónico.

También usan estadísticas de Visa España, según las cuales, más del 90% de quienes han realizado alguna compra en internet notan la ausencia de un número suficiente de establecimientos en la red dispuestos a realizar transacciones "on-line".

Para el PP, el problema de la segridad y confidencialidad de las operaciones comerciales en la red es uno de los frenos más fuertes con que se encuentra el desarrollo en España del comercio electrónico, por ello plantea una petición formal al Gobierno para que regule el uso de la firma electrónica personal en dichas operaciones.

En concreto, el partido Popular plantea que se elabore una ley en la que se regule el uso de la firma electrónica, se le dote de eficacia jurídica y de un régimen de certificación aplicable a las entidades qu trabajen en la certificación de las rúbricas.