El portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, José Miguel Ortí Bordás, firmante de la moción, considera que es reponsabilidad de los poderes públicos luchar contra el tráfico y el consumo de drogas, "pero también lo es de procurar la recuperación posible de quienes han caido en las garras de la drogadicción".

"El drogadicto", aseguró Ortí Bordás, "es un enfermo de especiales características. Cuando accede a someterse a un tratamiento terapéutico es ya un ser física y psíquicamente debilitado y tanto él como su familia suelen estar inmersos en una espiral de dolor y aislamiento que, más con la esperanza que con eigencias de garantías, les hace aceptar y acudir a cualquier oferta de curación y rehabilitación".

El portavoz popular en el Senado considera que "es preciso poner remedio a la inexistencia en nuestro ordenamiento legal de unas específicas normas que regulen la autorización de centros residenciales destinados a la rehabilitación de drogadictos".

La moción presentada por el Grupo Popular insta al Gobierno a establecer las normas a las que deberán someterse los centros de rehabilitación de drogodepndientes, que deberán garantizar la adecuación de los centros a los fines y objetivos de los programas terapéuticos con las condiciones higiénico-sanitarias exigibles.

Asimismo, pide la homologación de los programas y equipos terapéuticos, un régimen de precios común, un reglamento de régimen interior, libro de registro de residentes, libro de reclamaciones y expediente personal de cada paciente con estricta garantía de confidencialidad.