Proponen, por ejemplo, aumentar los incentivos dirigidos a los trabajadores con discapacidad que se constituyen como autónomos y que ya están contemplados en una orden de 1998.

Piden también mecanismos que permitan a estos empleados crear empresas "de forma rápida y simplificada", y que se destine parte de las bonificaciones de la formación continua a cursos de autoempleo para personas con discapacidad.

Finamente, sugieren que los servicios públicos de empleo ofrezcan a las personas con discapacidad apoyo y asesoramiento técnico, comercial, financiero y de todo tipo durante sus primeros años de actividad.

En su exposición de motivos, el PP resalta la inserción laboral como mecanismo esencial de la integración de las personas con discapacidad, pero subraya también el desequilibrio existente entre los incentivos para un empresario que contrate a un trabajador de este colectivo y las que tiene una persona con discapacidad para trabajar por cuenta propia.