Según explica ensu interpelación el senador del PP José María García Royo, el real decreto de 4 de marzo de 1988 exige al Ejecutivo que adopte medidas que promuevan los legítimos derechos a la protección de la salud de los no fumadores.

La mencionada norma contempla la habilitación de zonas diferenciadas para fumadores, claramente señalizadas, en locales cerrados de espectáculos, deportes, salas de espera, comercios, centros docentes y medios de transporte, entre otros lugares.

"Nadie desconoce el riesgo de fuma, en cuanto al fumador pasivo, caracterizado por la presencia en la orina de un principio metabolizado de la nicotina que es la conitina, en ambientes de humo de tabaco", asegura García Royo.