En la exposición de motivos, el PP recuerda que se sitúa la inteligencia límite en un cociente intelectual entre 70 y 85, es decir, por debajo de lo considerado normal por la Organización Munidal de la Salud, pero superior a un diagnóstico de retraso mental.

Se trata de un colectivo, por tanto, no diagnosticado oficialmente pero con limitaciones cognitivas, personales y sociales para enfrentarse a las exigencias de su entorno.

La mayoría de estas personas recibe la educación primaria en una escuela ordinaria, pero al llegar a la secundaria se muestran incapaces de seguir ese ritmo y requieren respaldos especiales.

La situación se agrava aún más al llegar la edad laboral, porque, salvo que padezcan alguna otra discapacidad, las personas con inteligencia límite no obtienen el reconocimiento legal de minusvalía.

Carecen por ello en gran medida de los recursos sociales destinados a las personas con discapacidad, pero tampoco pueden asumir las exigencias de un mercado laboral ordinario. Están, en definitiva, "desubicadas".

Para paliar esa situación, los populares piden que se intensifique la formación profesional de este colectivo y que las ofertas educativas de esa formación profesional se adapten también a sus necesidades.