Actualmente, los servicios de Salud de Cataluña atienden a ciudadanos de 45 municipios de la zona oriental de Aragón, previo acuerdo entre las dos comunidades autónomas.

El portavoz popular aseguró que "los enfermos aragoneses no pueden ser discriminados por la ineficacia de su Gobierno" y urgió a la responsable de sanidad del Ejecutivo autonómico a que "arregle esas desavenencias cuanto antes y despeje cualquier duda porque los únicos perjudicados de esta situación son los ciudadanos".

Los gobiernos catalán y aragonés aseguraron ayer en un comunicado conjunto que no hay deuda alguna y que las prestaciones se desarrollan con normalidad.

Canals, que a través de 17 preguntas parlamentarias ha solicitado al Gobierno el convenio firmado en 2005 entre las dos administraciones que regula este tipo de asistencia así como otros datos sobre los pacientes afectados por este conflicto, declaró que "además de crear una grave incertidumbre en los ciudadanos, lo cierto es que la confianza en su Gobierno ha quedado mermada en una cuestión básica como es la atención sanitaria pública".