Aunque esta medida está contemplada en el Reglamento de Armas, su sanción quedaba sin cobertura legal por no estar tipificada como infracción en la Ley de Seguridad Ciudadana, por lo que las Fuerzas de Seguridad no podían actuar hasta la comisión de un delito.

Los populares pretenden que las Ferzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan sancionar y requisar cualquier tipo de arma sin necesidad de que se produzca delito alguno, simplemente por el hecho de portarla, usarla o exhibirla en establecimientos públicos y lugares de reunión, concentración, recreo o esparcimiento.

Estos hechos, cuando estén protagonizados por personas ajenas a los institutos armados y se produzcan en lugares no habilitados para el uso de armas, se considerarán infracciones graves y podrán ser sancionadas con multa de entre cincuenta mil y cinco millones de pesetas.

En el caso de que el infractor sea un menor de edad, la multa recaerá sobre los padres, como responsables civiles subsidiarios. En todo caso, el arma será requisada por las Fuerzas de Seguridad.

Además, desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes y perderles el respeto y consideración debidos cuando intenten incautarse del arma, sin que ocurra nada más, será considerado infracción leve.