Tanto el grupo del PP como el de IU han denunciado las "graves irregularidades" en las que ha incurrido el Ayuntamiento al contratar desde el año 1991 trabajos por valor de más de 70 millones de pesetas con tres empresas que pertenecen al mismo grupo: nay España, Alta Gestión SA y Eurocen, y en cuyo departamento comercial está empleada Irene Santamaría, la esposa de Bolaños.

Javier León de la Riva amenazó con remitir el asunto a los tribunales, como ha hecho el PSOE con otros asuntos como el de la empresa Crystaloid, y dejó la decisión de dimitir en "la ética" del propio alcalde.

En lugar de Tomás Rodríguez Bolaños, que asiste hoy como diputado al Debate sobre el Estado de la Nación, respondió a las acusaciones el teniente alcalde del Ayuntaminto, Angel Velasco, quien afirmó que "no voy a admitir esa sentencia del Tribunal de la Santa Inquisición", y defendió la legalidad de la actuación de la corporación municipal.

Los contratos irregulares se habrían registrado, según el PP, en la Sociedad Municipal de Recaudación CIRA y en las fundaciones de Juventud, Deporte y Cultura.