Con estas palabras se manifestó Castro durante la sesión de control al Gobierno balear, en la que preguntó al consejero por qué se excluye a los profesionales sanitarios que no tengan la certificación correspondiente si el 90% de los profesionales sanitarios en Baleares entienden el catalán.

La aprobación del decreto que exige un nivel B de catalán a los profesionales de la sanidad pública en la Comunidad ha provocado sendas manifestaciones y el anuncio de cerca de 40 especialistas del Hospital de Can Misses, de Ibiza, de abandonar las islas a raíz del decreto aprobado el pasado mes de marzo por el Ejecutivo autonómico.

Ayer mismo, la Organización Médica Colegial (OMC) mostró su solidaridad con los médicos de Islas Baleares y todas las comunidades autónomas en las que el idioma pueda suponer un obstáculo para el desarrollo de su profesión de médico.

En esta línea, la diputada popular acusó a Thomas de estar "creando un problema de falta de especialistas" y aseguró que el catalán tiene que ser "un mérito y no una exigencia", al tiempo que destacó que el decreto "responde a intereses políticos".

Castro también acusó al consejero de "hacer una gestión al margen de los profesionales sanitarios, al tiempo que recordó que el día de la publicación del citado decreto "necesitaron una resolución para solucionar las críticas".

Un día antes de la concentración de los profesionales sanitarios de las Islas contra la normativa, el Gobierno regional anunció la aprobación de una resolución de carácter excepcional que exime a los sanitarios de acreditar los conocimientos durante tres años (hasta 2012).

Por su parte, el consejero de Salud del Gobierno balear, Vicen‡ Thomas, aseguró que este decreto "recoge una normativa vigente, hecha por el PP hace años, que reconoce nuestra realidad social y lingüística".

"Es un decreto que pasa por una norma del PP que exigía un nivel C y la adecúa al ámbito sanitario", dijo y recordó que "si hay un problema de insuficiencia, hay dos años para acreditar conocimientos elementales de catalán oral y escrito".

Además, Thomas dejó claro que el único "conflicto lo tiene el PP que por primera vez en 30 años ha roto un consenso lingüístico y han tomado la lengua como un instrumento de confrontación".

Finalmente, matizó que se trata de un decreto que se adecúa al ordenamiento jurídico, a los derechos de los ciudadanos a expresarse en catalán y a las peculiaridades del sistema sanitario, y lo calificó como un decreto de "puertas abiertas, que no excluye a nadie".