En una rueda de prensa en la sede del PP, Sáenz de Santamaría justificó esta iniciativa, anunciada el pasado jueves en Marbella por el presidente de su partido, Mariano Rajoy, en la necesidad de cubrir un "vacío legal" que impide garantizar el respeto a la voluntad de los ciudadanos.

La proposición de ley del PP pretende que el plazo de un año para convocar elecciones no sea de aplicación "cuando las circunstancias de la corporación disuelta hicieran imposible garantizar el pluralismo constitucional, pudiéndose además reducir a la mitad los plazos previstos en esta ley para la convocatoria, celebración de elecciones y constitución de la nueva corporación".

La dirigente popular aseguró que su partido ha gestionado la crisis de Marbella con "responsabilidad", como única formación que "puede decir que está limpia de polvo y paja", y recalcó la necesidad de garantizar cuanto antes la "vuelta a la normalidad".

Expresó su preocupación por el decreto de disolución del ayuntamiento firmado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, con el que "el Gobierno se lava las manos" al no delimitar ni el régimen de organización y funcionamiento ni la forma de alcanzar acuerdos de la gestora que se hará cargo de regir Marbella.

Avisó de que "quince meses de inestabiliad e incertidumbre es lo que menos merecen los ciudadanos de Marbella", y alertó de las consecuencias en la economía y el empleo que puede provocar esta situación de "interinidad" hasta que se celebren las elecciones municipales.

En esta situación, el PP considera que "la gravedad de los hechos acaecidos en el municipio de Marbella exige de todas las fuerzas políticas democráticas la adopción de cuantas medidas hagan posible el restablecimiento de la dignidad de las instituciones y la devolución al pueblo de Marbella de su derecho a elegir democráticamente a sus representantes",

"IMPRESENTABLE IMAGEN"

Así lo expresa en la exposición de motivos de su propuesta, en la que resalta que, "a la ya impresentable imagen dada por los regidores municipales desde la constitución de la corporación local, se ha unido el escándalo nacional e internaional suscitado por la detención e ingreso en prisión de la alcaldesa, la primera teniente de alcalde y uno de sus concejales por orden judicial".

"La legislación electoral dificulta por el juego de los plazos generales la inmediata convocatoria de elecciones en el municipio de Marbella. Además, pone en evidencia que la extraordinaria gravedad de estos casos no está suficientemente contemplada por la legislación vigente", prosigue.

Con todo, la formación dirigida por Mariano Rajoy concluye que "han de reforzarse los mecanismos legales para hacer frente democráticamente a situaciones tan excepcionales, y devolver así a los ciudadanos en el menor plazo posible el derecho a elegir a sus representantes directos y legítimos".