Marino Barbero, magistrado del Tribunal Supremo instructor del "caso Filesa", reveló el pasado día 13 de octubre que de las ocho empresas que él requirió en el mes de julio para que entregaran los estudios redactados para ellas, sólo tres lo han hecho.

El resto, entre otras la constructora de autobuses Enasa, todavía no han contestado o lo han hecho, como los bancos BV y Central, asegurando que "no encuentran" el informe.

En el caso del BBV, que pagó a Filesa 84 millones por un informe sobre "`Leasing' (alquiler con derecho a compra) de contenedores", los directivos de la entidad financiera alegan que el asunto lo llevó directamente el anterior presidente, Pedro Toledo, fallecido hace más de un año.

Según fuentes del Supremo, si los informes no llegan al Alto Tribunal, el magistrado Barbero podría citar a declarar a los responsables de las firmas para que acaren dónde están. Si no lo hacen, podrían ser acusados de malversación de fondos públicos, los altos cargos de empresas del Estado (Enasa), o de delito fiscal, los ejecutivos de las privadas.

EL INFORME, "EN EL CAJON"

En la primavera de 1989, meses antes de las últimas elecciones generales, los directivos de Enasa se gastaron algo más de 35,8 millones de pesetas en un informe titulado "Trabajo relativo al sector industrial", cuando ya entonces el INI había decidido vender la constructora de autobuse a la multinacional italiana Fiat.

El presidente del comité intercentros de la empresa, Gregorio Villalta, de CCOO, declaró el pasado 24 de junio al diario "El País" que el informe "fue, efectivamente, realizado y entregado a la dirección anterior de Enasa". Sin embargo, el documento quedó "guardado en un cajón", en expresión de un miembro de la dirección, ante la prevista entrada de Fiat.

La dirección del PP, asegura la fuente consultada por esta agencia, cree haber encontrado, vía comparecenciaparlamentaria de Javier Salas, la fórmula para obligar a quienes contribuyeron supuestamente a la financiación ilegal del PSOE -a las entidades privadas no es posible obligarles a comparecer- a que reconozcan que los informes no existían o si existían "no servían para nada".