Sin embargo, consideran que el Fiscal General del Estado es responsable de que estas formaciones estén en las instituciones vascas y pide su comparecencia en el Congreso.

Las sentencias contra ANV, PCTV y varios miembros de Gestoras pro Amnistía, culminan, para Sáenz de Santamaría "una semana que es el triunfo del Estado de derecho y un éxito para la salud de nuestra democracia" y que pone en entredicho la premisividad del Ejecutivo socialista con el entramado etarra durante el alto el fuego.

Según el PP, no hay "mecanismos mejores" para luchar contra el terrorismo que los que logran que los terroristas dejen de "formar parte de las instituciones".

Sáenz de Santamaría aseguró que éste es el momento de "pedir explicaciones a los resposables políticos por los 3 años que se han perdido y por las consecuencias de haber perdido ese tiempo y de no haber actuado de otra manera desde el inicio".

El PP entiende que ha llegado el momento de "hacer balance" de la actuación del fiscal general del Estado y sus criterios de política criminal en relación con el terrorismo, así como revisar cuáles han sido "los efectos de no haber actuado en otro tiempo".

Por su parte, el portavoz de Justicia del Grupo Popular, Federico Trillo, hizo una "valoración enormemente positiva" de las tres sentencias de esta semana que han venido a "desenmascarar" al aparato político de ETA.

Aunque es "una buena noticia", dijo en rueda de prensa, "se produce tres años después de que lo solicitara el PP" y demuestra que, cuando el Gobierno actúa "en consonancia" con el primer partido de la oposición, se consiguen "éxitos de esta naturaleza".

Para Trillo, el cambio de actitud del Gobierno es "positivo", pero durante estos años se han producido decisiones para la "normalización de la presencia de los colaboradores de los etarras en las instituciones" en virtud de las cuales han tenido acceso a "posiciones de poder como si se tratara de representantes democráticos".

Destacó que, gracias a esa entrada en la instituciones, este entramado recibe fondos públicos, da trabajo a asesores y dispone de instalaciones públicas. "Un auténtico despropósito" que los españoles "no han entendido" y que "tiene unos responsables políticos".

Ahora, tendrán que dar explicaciones aquellos que dijeron que el PP "interpretaba" la ley de partidos como un "Guantánamo político" o el propio ministro de Interior, quien esgrimió que "no había pruebas suficientes para ilegalizar" esas formaciones, en contra de los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Entre todos los que hablaron a favor de la política del Gobierno en esos momentos, el "más locuaz y activo" y principal responsable es el fiscal general del Estado, por lo que el PP pide su comparecencia.