De est forma, al tener que decidir entre una fórmula u otra, se acabaría con la actual situación de doble financiación de las televisiones autonómicas, que, en opinión del senador, supone una competencia ilícita.

El marco legal vigente, contemplado también en el Estatuto de Radio y Televisión, no concede a las comunidades la libertad de diseñar su propia política audiovisual, y sólo permite la gestión pública para las televisiones regionales.

El portavoz popular aclaró que su iniciativa no persigue la rivatización obligatoria de todos estos canales, sino que sea una decisión individual de cada comunidad autónoma, en lugar de que se tengan que atener a una misma doctrina a nivel nacional.

"Nuestra propuesta no reduce, sino que amplía las posibilidades actuales de gestión", aseguró Ruiz-Gallardón. "Además, concede a las comunidades la posibilidad de elegir e incluso que algunas autonomías que no pueden mantener un canal público puedan tenerlo privado".

En el caso de las comunidades que decidan otar por el modelo privado, se aplicará la regulación a la que están sometidas las tres televisiones comerciales a nivel nacional, pero las autoridades regionales se reservarán la facultad de inspeccionar y controlar el cumplimiento de las condiciones de concesión y de imponer unos contenidos mínimos regionales, culturales e informativos.

La propuesta del PP deja al arbitrio de las autoridades autonómicas el establecimiento de un capital mínimo y su posible fragmentación, la organización de los concurss de adjudicación y la fijación de unos órganos de control parlamentario.

Para suprimir de forma definitiva las fórmulas de doble financiación, Ruiz-Gallardón señaló que "los canales públicos deberán financiarse exclusivamente con cargo a los Presupuestos Generales de cada comunidad, y que los privados se sostendrán con cargo al mercado publicitario, sin recibir fondos públicos".