El portavoz del PP en la Comisión de Administraciones Públicas de la Cámaa Baja, Jesús López-Médel, explicó, en rueda de prensa, que la actual normativa, que data de 1992, ha demostrado sus carencias y ha sido objeto de críticas por parte de los funcionarios encargados de su aplicación.

En concreto, López-Médel se refirió a que no están claramente delimitados los efectos positivos o negativos del silencio administrativo y destacó que los ciudadanos tienen derecho a contar con mayores garantías al respecto.

Igualmente, citó la paradoja que supone para un ciudadano que o ha recibido respuesta a su demanda a la Administración, que se ve obligado a pedir una certificación de ese silencio administrativo para seguir haciendo gestiones ante los tribunales.

La propuesta de los populares, según indicó su portavoz, pretende profundizar en la obligación que la Administración tiene de resolver en unos plazos adecuados los recursos que se le plantean, en línea con una mayor defensa de los derechos de los ciudadanos.

CONTRATACION

Por otra parte, los populares registraronen el Congreso otra proposición no de ley sobre las condiciones generales de la contratación por parte de las grandes empresas, que con frecuencia colocan a los consumidores y usuarios en posiciones de debilidad.

La exposición de motivos de la iniciativa señala que no es extraño que en la práctica las grandes empresas, dado su volumen de facturación y contratación, "impongan unilateralmente y de forma imperativa las condiciones a quienes pretenden contratar con ellos, generando las denominadas cláusuls o condiciones generales que colocan al consumidor en una posición jurídica débil".

En este sentido, López-Médel dijo que con frecuencia se observan en determinados contratos de viviendas o seguros algunas cláusulas "incomprensibles, leoninas y abusivas", que rompen el "equilibrio negocial", pero que tienen que ser aceptadas por el usuario.

Para acabar con estas situaciones, el PP reclama al Gobierno que el ordenamiento jurídico se adapte a una directiva comunitaria aprobada en 1993, que protegea los consumidores de tales cláusulas abusivas.