En el texto de la iniciativa, el PP pide al Gobierno central que "establezca, precise, informe y acuerde de forma inmediata, la cantidad que corresponde al nivel acordado de financiación para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, para el año 2008".

El portavoz popular, Antonio Beteta, señala en la proposición no de ley que "una vez precisada la cantidad destinada al nivel de financiación acordado, impulse el acuerdo con las comunidades autónomas para establecer justos criterios de reparto".

Asimismo, informa de que "la propia naturaleza del objeto" de la Ley de Dependencia "requiere un compromiso y una actuación conjunta de todos los poderes públicos e instituciones públicas, por lo que la cooperación y la coordinación del Estado con las comunidades autónomas es fundamental".

La única información que ofrece la Administración General del Estado es, según Beteta el límite total máximo para el año 2008 que figura en los Presupuestos Generales del Estado y que es de 870.998.370 euros.

Sin embargo, dice el portavoz del PP, el Gobierno central "no dice cuánto de esta cantidad, por otra parte insuficiente, va a corresponder al nivel acordado, y que criterios de reparto va a aplicar para su distribución a cada una de las comunidades autónomas, lo debe de hacer en virtud del principio de lealtad institucional, cooperación, información y colaboración financiera con ellas".

En la iniciativa, se explica que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, "regula las condiciones básicas para tal fin, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de las Administraciones Públicas, que tiene por finalidad principal la garantía de las condiciones básicas y la previsión de los niveles de protección mínimo y acordado fundamentalmente".

Asimismo, el PP señala que la citada ley establece que el "nivel mínimo de protección, está definido y garantizado financieramente por la Administración General del Estado" y "contempla un régimen de cooperación y financiación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas mediante convenios para el desarrollo y aplicación de las demás prestaciones y servicios que se contemplan en el catálogo de la Ley".