En concreto, pide la reforma del artículo 503 de dicha ley, para que establezca "la multirreincidencia en la comisión de hechos delictivos como circunstancia por la que proceda acordar la prisión provisional".

En la exposición de motivos de esta proposición no de ley, a la que tuvo acceso Servimedia, el portavoz del PP, Antonio Beteta, dice que "la delincuencia se ha convertido en uno de los problemas más acuciantes para la sociedad española, y en especial para la madrileña, por el notable incremento de los hechos delictivos en los últimos meses, con la consiguiente inseguridad y alarma social que ello genera".

El PP considera que la "ley permite que se decrete la prisión provisional para evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos, para lo que habrá que atender a las circunstancias del hecho así como a la gravedad de los delitos".

"No existe una mención expresa de la multirreincidencia como parámetro para valorar dicho riesgo", añade Beteta, quien señala que, "sería conveniente que se incluyera una referencia expresa a los antecedentes penales del imputado y al número de procedimientos en que esté incurso".

A su juicio, "apreciada dicha circunstancia, procedería decretar la prisión provisional para apreciar el riesgo de fuga, salvo que motivadamente el juez, atendidas las circunstancias del caso, decidiera lo contrario".

Beteta considera que el incremento de la delincuencia en la región es "particularmente relevante en lo que respecta a los medianos y pequeños municipios".

"Junto al incremento de la criminalidad, suscita gran preocupación el hecho de que buena parte de los delitos son cometidos por las mismas personas, multirreincidentes en el hecho delictivo, siendo ello particularmente significativo en el ámbito de los delitos contra el patrimonio", afirma el portavoz del PP.

En la iniciativa se informa de que "en los últimos años se estima que 50 personas han sido detenidas en más de 7.000 ocasiones, esto es, un promedio de 141 delitos por delincuente".

El texto concluye diciendo que "todo ello supone un grave perjuicio para la seguridad y los derechos fundamentales del conjunto de los ciudadanos, quienes no entienden que el ordenamiento jurídico no ofrezca una solución adecuada para estos casos".