En un comunicado difundido hoy, el PP afirma que tanto "el propio alcalde como el Partido que le sostiene, el PSOE, son conscientes de que en las actuales circunstancias, la continuidad de Antonio Fuster al frente de la alcaldía, perjudica enormemente el prestigio y la dignidad de la institución municipal que representa e incluso la imagen del propio pueblo de Alfaz".

Los populares consideran que a pesar de la presunción de inocencia, la acusación por delitos de cohecho y falsedad que recae sobr el alcalde, hace "absolutamente necesaria su separación de la alcaldía mientras no finalice el procedimiento judicial".

El Partido Popular asegura que en los tres años que dura este contencioso, el PP ha mantenido una postura de extrema prudencia y respeto, porque era un asunto que estaba exclusivamente en manos de la Justicia y era ésta la que debía investigar y determinar la comisión de delitos, cuando lo políticamente rentable hubiera sido "hacer de este asunto motivo de crítica y descalificaciónal alcalde y a su equipo".

Por ello, el PP se muestra sorprendido de las "esperpénticas declaraciones del alcalde" intentando atribuir burdamente su inculpación en el "caso Juan Guerra" a miembros del PP y a personas significativas del mismo.

Antonio Fuster es uno de los siete implicados en la presunta recalificación fraudulenta de terrenos para la construcción de dos urbanizaciones en las localidades alicantinas de Altea y Alfaz del Pí.

Otro de los implicados en este caso es el abogado valeciano Javier Porcar, que hoy se acogió a su derecho de no declarar, al asegurar que desconoce los motivos por los que se le ha acusado de cohecho.

Javier Porcar, que hoy compareció ante la jueza del juzgado de instrucción número cinco de Benidorm, Francisca Martínez, está acusado de un delito de cohecho en relación a un aval de 80 millones de pesetas que firmó a Juan Guerra, a favor de la empresa Fracosur SA, para la compra de la finca "Las Brujas".