La toma en consideración, que implica la tramitación parlamentaria de la propuesta, salió adelante con 176 votos a favor, 33 en contra y 136 abstenciones.

Según la iniciativa del PSOE, las compañías deberán publicar el nombre y los datos de contacto de al menos una ADR , cuya resolución será vinculante para la comercializadora y para el consumidor. Para llevar a cabo esta medida, se deberán modificar artículos de la Ley del Sector Eléctrico y la Ley del Sector de Hidrocarburos.

En defensa de la iniciativa, que fue rechazada por Vox, lo que la hizo depender del PP, la diputada del PSOE Emilia Almodóvar incidió en la importancia de establecer cauces eficaces para el ejercicio de un derecho para evitar que “la vulnerabilidad económica que entorpece el acceso a la justicia convierta los derechos en humo”.

En nombre del PP, Guillermo Mariscal justificó no tumbar la norma porque “estamos de acuerdo en ampliar los mecanismos de arbitraje”, aunque reprochó al PSOE que se podía haber articulado a través de una enmienda en otra iniciativa parlamentaria. Además, aprovechó la ocasión para arremeter contra Teresa Ribera.

Entre los que votaron en contra, Tomás Fernández Ríos (Vox) tachó la iniciativa de “nimiedad” y añadió que “no tiene ningún sentido”. De hecho, concluyó que “es un paripé para parecer que se está legislando algo”. Mientras, Josep Maria Cruset (Junts) la rechazó por invadir competencias de la Generalitat de Cataluña.

El PSOE considera que las ADR suponen una vía de acceso a la Justicia que, debido a la escasa cuantía de las reclamaciones, la sencillez y agilidad de los trámites y su bajo coste, es de especial importancia en el ámbito de la protección de las personas consumidoras.

Además, recuerda que las empresas de suministros tienen la obligación de informar a sus clientes sobre sus derechos respecto de las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigio.

A este respecto, el PSOE lamenta que una de las principales dificultades con las que se encuentra, con carácter general, el sometimiento de las controversias entre comerciantes y consumidores a los ADR es el desconocimiento de la ciudadanía sobre la existencia de estas vías de reclamación.

De hecho, los últimos informes de supervisión del proceso de resolución alternativa de litigios entre comercializadores y consumidores de energía eléctrica y gas natural publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) vienen señalando la necesidad de introducir modificaciones legislativas que precisen la obligación de información prevista en la normativa sectorial, armonizando la información a incluir en las páginas web, contratos y facturas de electricidad y gas en relación a la resolución alternativa de litigios.