En declaraciones a Servimedia, la portavoz del PP en Política Social, Lourdes Méndez, argumentó que, tras más de un año de entrada en vigor de la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, no se han aprobado sus desarrollos normativos sobre el copago que deberán efectuar los usuarios del sistema, ni sobre la acreditación de calidad de los centros prestadores de servicios.

Además, agregó la diputada popular, la ley requiere de un cambio para simplificar el trámite que deben seguir ahora los ciudadanos para solicitar una valoración y saber si tienen derecho o no a recibir servicios o prestaciones de la norma, ya que han de superar un total de 32 pasos desde que piden la valoración hasta que obtienen resultados de ella.

Pero, a pesar de estos obstáculos, "el principal problema (de la aplicación de la ley) está en su financiación escasa y no garantizada en el tiempo, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de atención a las personas dependientes", afirmó Méndez.

Por eso, concluyó la portavoz de Política Social del PP en la Cámara Baja, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley en la que pide al Ejecutivo un pacto de Estado que garantice la igualdad de los españoles en la aplicación de la ley de dependencia y la sostenibilidad financiera de la norma en el tiempo.