Los artículos recurridos son los que ayer impugnó el Defensor del Pueblo, Alvaro Gil-Robles, el 19.1 y el 22 (apartados 1 y 2), más el 6.2, el 20.3 "y los demás que procedan por conexión" por "vaciar de contenido" el artículo 18.4 de la Constitución, que dice textualmente: "La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos".

Las partes de la Ly de Datos Informáticos puestas en tela de juicio por el Defensor del Pueblo y el PP no coinciden totalmente con los artículos tachados de inconstitucionales por la Comisión de Libertades e Informática (CLI), organización que agrupa a asociaciones profesionales de juristas e informáticos, de defensa de los derechos humanos y sindicatos.

La CLI considera también susceptibles de inconstitucionalidad el artículo 21, referido a los límites de los ciudadanos al acceso a los datos que sobre ellos tiene Hacinda o la Administración por razones de la defensa nacional, aspectos que Loyola de Palacio consideró justificados y por ello su partido no los ha recurrido.

Asimismo, el Partido Popular tampoco ha puesto en cuestión la configuración que la Ley da a la Agencia de Protección de Datos (APD), que la CLI estima demasiado vinculada a la Administración, ni la disposición final que prevé que "el informe del director de la APD podrá extender la aplicación de la presente ley, con las modificaciones y adaptacions que fuesen necesarias, a los ficheros que contengan datos almacenados en forma convencional y no estén destinados a ser sometidos a tratamiento automatizado de datos".

En cuanto a la APD, Loyola de Palacio consideró que en ningún aspecto era inconstitucional, aunque "técnicamente" fuera discutible, al igual que sobre la disposición final no ve que conculque las garantías de los derechos y libertades de los ciudadanos.

ARTICULOS RECURRIDOS

Los artículos recurridos por el PP se refieren a la deaparición de los siguientes derechos "por vía de excepciones" en la Ley de Datos: el derecho al consentimiento para dar los datos a la Administración (artículo 6.2); el derecho al conocimiento de para qué son utilizados esos datos (artículo 19.1), y las garantías sobre información, acceso y rectificación a datos en poder de la Administración (artículo 22.1 y 2).

En cuanto al artículo 20.3, Loyola de Palacio justificó el recurso de inconstitucionalidad en que establece la recogida de "datos sensibles" sexo, religión, ideología, raza, salud) sin ninguna garantía judicial.

La diputada del PP comparó este artículo con la Ley de Seguridad Ciudadana y lo consideró "una patada o allanamiento en nuestra intimidad". De Palacio argumentó que era preferible que la imposibilidad de procesamiento de estos datos restara eficacia a algunos cometidos de la Administración, como la lucha contra el terrorismo, antes que vulnerar las garantías constitucionales.

La viceportavoz del Grupo Popular, que urgió al Goberno a que constituya cuanto antes la Agencia de Protección de Datos, lamentó asimismo que todavía no haya tipificación penal del tráfico de datos de la Administración a empresas privadas, entre otras prácticas, al encontrarse en tramitación parlamentaria el nuevo Código Penal.

Por su parte, la CLI aseguró hoy en un comunicado que seguirá muy de cerca la implantación de la Ley de Datos Informáticos, que entra en vigor el próximo 31 de enero, así como la creación de la APD, encargada de vigilar el cumpimiento de la Ley y de atender las quejas de los ciudadanos. Al menos mientras se ponga en marcha la citada agencia, la CLI se ha ofrecido a encauzar las posibles peticiones y quejas que se produzcan.