La propuesta, a la que tuvo acceso Servimedia, se centra en que se apruebe una normativa que regula esta figura, que en su desarrollo se tenga en cuenta la experiencia de las comunidades autónomas y que se apruebe un presupuesto “necesario y suficiente” para financiar la figura del experto facilitador judicial en todo el territorio.

El PP recordó que el derecho de acceso a la Justicia es un principio básico y elemental de todas las personas, pero que muchas de ellas se encuentran con dificultades cuando deben relacionarse con los órganos judiciales. A menudo, se sienten perdidas en este ámbito que para ellas es desconocido, con procedimientos que no reconocen y un lenguaje técnico difícil de entender.

Estos contextos se agravan cuando las personas que los viven tienen discapacidad. Por ello, para garantizar su plena participación en igualdad de condiciones en el sistema judicial, el PP considera que se deben especificar las funciones, el alcance y los requisitos técnicos relativos al experto facilitador judicial, que son aspectos ausentes en las vigentes normativas.

En cuanto al trabajo del facilitador con las personas con discapacidad, se encarga, inicialmente, de evaluar las particularidades específicas de la persona para determinar los ajustes procesales necesarios que permiten su participación en el procedimiento judicial con todas las garantías.

Así, adopta las explicaciones sobre el procedimiento a las necesidades de la persona con discapacidad, clarificando su contenido, el lugar donde se desarrollará y quiénes estarán presentes en el proceso, para garantizar la comprensión total de la persona. También, acompaña y asiste a la persona con discapacidad durante las diligencias de prueba, ajustando las preguntas y las pruebas a sus circunstancias.