Así lo establece el PP en una proposición no de ley registrada hoy en el Congreso, en la que se "insta al Gobierno a que tenga en cuenta el número de integrantes de la unidad familiar a la hora de determinar los incrementos de los precios regulados, especialmente en lo referente a las nuevas tarifas de la electricidad, el gas y el agua que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2007".

En su justificación, el PP indica que uno de los cambios "más notables" de la política económica desde que gobierna el PSOE es que "las familias han dejado de ser una prioridad", algo que ha sido "particularmente visible en el caso de los suministros básicos de los hogares españoles".

"Uno de los hechos más negativos en este sentido", añade el PP, "ha sido que la reordenación del sector eléctrico que ha impulsado el Gobierno, por el exclusivo interés de su agenda político-empresarial, ha llevado a subidas en el precio de la tarifa eléctrica muy por encima del IPC para compensar los desembolsos multimillonarios de algunas empresas".

Según el PP, "son las familias las que pagan y están pagando ya con precios abusivos, tanto en las facturas del gas como de la luz, los efectos de los caprichos y maniobras que alienta el Gobierno desde la más absoluta opacidad".

A ello se unen "los efectos de haber abandonado una política integral del agua", que han llevado a la ministra de Medio Ambiente "a anunciar restricciones al consumo y penalizaciones en función del mismo", pese a que el consumo doméstico apenas es un 10% del total, dice el PP.

"Una vez más, se hace recaer sobre las familias desbarajustes que generan las prioridades equivocadas del Gobierno", añaden los populares.

Estas subidas se producen "sin tener en cuenta el número de integrantes de la unidad familiar, cosa que es manifiestamente injusta" y está "en contradicción con otras políticas, como la fiscal, en la que sí existe la previsión de los componentes de la unidad familiar".

"Los anuncios realizados por el Gobierno de penalizar el consumo tanto de electricidad como de agua por encima de un determinado nivel son inaceptables si no se tiene en cuenta, a la hora de computar dicho nivel, el número de integrantes de la unidad familiar", sostiene el PP.

En opinión de esta formación, "se está penalizando relativamente el consumo de primera necesidad que hace una familia más o menos numerosa respecto al consumo por encima de la media en el que incurran aquellos hogares en los que sólo vive una persona".