De los 53 registros domiciliarios de este tipo realizados desde el pasado 13 de marzo -que han permitido la detención de noventa personas-, sólo en tres ocasiones las fuerzas del orden no han encontrado droga. En ninguno de estos tres casos los afectados emprendieronacciones judiciales.

Esos datos fueron proporcionados hoy por el ministro del Interior, José Luis Corcuera, quien informó en el Congreso, a petición de IU, de la aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana, transcurridos dos meses de la entrada en vigor de la normativa.

Las fuerzas del orden han impuesto en este periodo 1.024 sanciones por consumo de drogas en espacios públicos. El ministro también facilitó datos sobre la aplicación del artículo 20 de la ley, que contempla el traslado a dependencas policiales de las personas indocumentadas. De los 2.038 ciudadanos identificados en comisaría en virtud de la ley, 334 fueron detenidos (alrededor del 12 por ciento)

El Ministerio del Interior registró 22 infracciones por consumo ilegal o tráfico de estupefacientes e impuso 147 sanciones por concentraciones en vía pública sin la preceptiva autorización. Por desórdenes en la calle, once personas resultaron arrestadas.

Desde marzo, la Policía realizó 296 controles en la vía pública y abrió 908 epedientes de sanción por tenencia ilícita de armas y explosivos.

FRACASO DE LOS AGOREROS

Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia e Interior, José Luis Corcuera resaltó su satisfacción por estos datos, que a su juicio, "desploman" las previsiones de "tanto agorero y vigilante" como tiene la ley.

El ministro consideró que el primer éxito cosechado por la normativa ha sido el de desbaratar el "catastrofismo" con que algunos grupos políticos hablaron de los efectos que tendría la "ley Crcuera" durante su tramitación parlamentaria.

"La aplicación de la ley ha demostrado que la policía puede aplicar las leyes con cautela y respeto a los ciudadanos. Esta ley sólo pretende preservar los derechos de los ciudadanos frente a los delincuentes que atentan contra ellos", aseveró Corcuera.

El ministro afirmó, en referencia a las denuncias del Partido Popular, que "han faltado a la verdad" quienes decían que el titular de Interior había dado instrucciones a los mandos de su departamento paa que no se aplicaran los preceptos de la ley recurridos al Tribunal Constitucional.

"He dado instrucciones para que la ley se aplique con rigor, entera y bien. Las actuaciones policiales que permite la ley continuarán", enfatizó el ministro.

DAÑO INNCESARIO

El portavoz de IU, José Luis Núñez, consideró que a la vista de los datos "pírricos" facilitados por el ministro, la ley de Seguridad Ciudadana sigue siendo "innecesaria e inconstitucional". A su entender, los primeros resultados de la normtiva son más "pintorescos" que eficaces.

Ya en los pasillos del Congreso, Corcuera dijo que le produce "cierta satisfacción" la decisión del Defensor del Pueblo, Alvaro Gil-Robles, de no recurrir la ley. (Previamente, el presidente del PP, José María Aznar, declaró en rueda de prensa que Gil-Robles ha hecho un "daño innecesario" a la institución que encabeza con esa decisión).

"Ver que cada vez más españoles están de acuerdo con lo que yo he defendido está muy bien", dijo Corcuera, quien dirigiénose a los periodistas añadió: "Eran tantos los males que iba a originar la ley que hasta la fecha no les he visto, incluso a los más recalcitrantes de ustedes, llamarnos la atención. Y mira que entre ustedes había recalcitrantes".

"Algunos de ustedes todavía no han leído la ley, que yo lo sé. El otro día una periodista me echó la bronca por la ley y me dijo que no la había leído. Le dije que se la voy a mandar en vídeo", añadió Corcuera.

SOFISMAS

En declaraciones a Servimedia, el portavoz de Inerior del PP, Rogelio Baón, comentó los datos facilitados por el ministro Corcuera sobre la aplicación de la ley.

Afirmó que su partido sigue convencido de que en algunas de las intervenciones policiales de las que informó Corcuera, "ha habido pisoteamiento y agresión de derechos fundamentales".

Además, consideró que con la legislación anterior se podría haber cumplido también el mismo nivel de eficacia policial. "Los datos facilitados no justifican la necesidad de la ley. Eso es un sofisma, porqe junto a esas detenciones ha habido mucha lesión de derechos fundamentales de ciudadanos pacíficos. Por eso, no se tuerce nuestra postura de sostener que los artículos 20, 21, 37 y 38 son inconstitucionales", concluyó.