La iniciativa, que Manuel Fraga está dispuesto a sacar adelante sin el consenso de las restantes fuerzas políticas, hará posible que los consejeros del Gobierno gallego intervengan en los plenos siempre que lo deseen, sin que ello suponga reabrir ebates y dar turnos a la oposición.

La reforma será aprobada antes de las elecciones autonómicas de 1993, pero no entrará en vigor hasta la próxima legislatura. En ella se incluye la obligatoriedad para los diputados de declarar sus bienes antes de adquirir la condición de parlamentario.

Para agilizar los debates, se reforzará el poder legislativo de las comisiones, de modo que las enmiendas que no sean incorporadas a los dictámenes no se discutirán de nuevo en los plenos.

También se restrinirán los turnos de palabra en las interpelaciones, quedando fijados para el autor de la iniciativa y gobierno. Hasta ahora, el resto de los grupos también podían posicionarse ante cualquier interpelación.

Esta remodelación del reglamento del Parlamento gallego se venía barajando desde hace meses, pero los grupos de oposición se han ido desmarcando progresivamente de la propuesta del PP de crear una ponencia conjunta, por estimar que el grupo mayoritario sólo busca recortar los derechos de que disponenlas minorías.

Sin embargo, el Grupo Popular ha optado ahora por impulsar un proyecto de ley propio, aunque su portavoz, Víctor Vázquez Portomeñe, ha advertido al resto de grupos de oposición que el PP está abierto al consenso para aceptar enmiendas de la oposición, pero sin obstruccionismos.